La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles una ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a una empresa que imprime billetes y que está bajo la lupa de la justicia por un escándalo de corrupción que salpica al vicepresidente Amado Boudou.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles una ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a una empresa que imprime billetes y que está bajo la lupa de la justicia por un escándalo de corrupción que salpica al vicepresidente Amado Boudou.
Luego de nueve horas de sesión, la iniciativa del poder Ejecutivo obtuvo 145 votos a favor del oficialista Frente para la Victoria y sus aliados y 77 en contra, entre ellos los de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), segunda fuerza parlamentaria.
Al presentar el proyecto de ley, el poder Ejecutivo insistió en la necesidad de "mantener la soberanía monetaria" y de "concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad".
Durante un ríspido debate, los legisladores opositores, incluso aquellos que votaron por la afirmativa, apuntaron al vicepresidente Boudou, a quien la justicia investiga por supuesto tráfico de influencias para favorecer a la empresa ahora expropiada, también conocida como exCiccone Calcográfica.
Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista cuestionó a algunas fuerzas opositoras por presentar "denuncias de corrupción hechas sin ninguna fundamentación" y destacó que "Boudou ni siquiera fue llamado a declarar por la justicia y no está procesado".
La mayoría de los opositores consideró que el objetivo de la iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner es proteger al exministro de Economía.
"No hay dudas de que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar", dijo la socialcristiana Elisa Carrió y agregó que "no se trata de un negocio personal del vicepresidente, es un negocio del poder donde el que aparece es el vicepresidente de la República".
"Hay serias sospechas de estar frente a un monumental acto de corrupción", dijo Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque del radicalismo, mientras que el socialista Roy Cortina señaló que lo que se busca "es tapar el más escandaloso caso de corrupción de los ultimos nueve años y medio".
Por su parte, el cineasta Fernando Solanas (Proyecto Sur, centroizquierda) abundó en críticas a la presidenta y su vicepresidente por diferentes motivos, pero manifestó su apoyo al proyecto porque "es indiscutible la necesidadd de que por razones de seguridad el Estado recupere la capacidad soberana de imprimir su moneda".
La empresa fue intervenida semanas atrás por el Poder Ejecutivo y está ahora a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura.
La oposición había reclamado que se difundieran los nombres de los dueños de la compañía, hasta ahora desconocidos, y que éstos comparezcan en las reuniones previas de las comisiones de diputados que debatieron la expropiación.
"Se pretende que el Congreso asuma roles que no le corresponde. Saber quién es el dueño o quiénes son los acreedores no es materia del Parlamento", afirmó el diputado oficialista Jorge Yoma, quien sostuvo que "sí es potestad del Congreso declarar de utilidad pública un bien".
En abril pasado, Boudou rechazó las acusaciones en su contra y las atribuyó a un "ataque de las mafias" luego de que la justicia llevara a cabo un allanamiento en una propiedad suya que está alquilada en el lujoso barrio capitalino de Puerto Madero.
Fuente: http://noticias.latam.msn.com
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