VOLVIÓ EL PERONISMO JUNTO AL KIRCHNERISMO A LA ARGENTINA. 

Cambian las retenciones al campo: 12% para los cereales y la soja llega al 30% por su 18% adicional

El decreto 37/2019 fue publicado este sábado en el Boletín Oficial y rige a partir de ese momento. También se cerraron los registros para declarar exportaciones de granos.

Las retenciones a los granos pasan a tener una alícuota de 12% en reemplazo de los 4 pesos por dólar exportado que regían hasta ahora. Pero la soja mantiene su base de 18%, y queda con un gravamen por derecho de exportación del 30%. Esto es así según confirmaron en las últimas horas fuentes del Gobierno, luego de iniciales interpretaciones sobre el 9% que figuraba en el decreto 37/2019. Ahora se confirmó que "ese porcentual es para los productos que figuran en el Anexo 2, donde no están incluidos la oleaginosa ni los cereales como maíz y trigo. En rigor, los 4 pesos por dólar establecidos por el gobierno de Macri se dejan sin efecto, y vuelve a regir el techo de 12% fijado por ley en el Presupuesto 2019

Las medidas fueron tomadas por el Gobierno con la firma del Presidente Alberto Fernández y publicada este sábado en el Boletín Oficial, a partir de lo cual entró en vigencia. El decreto fue firmado también por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Agricultura, Luis Basterra.

En los hechos, con este cambio se aumentan los montos que se pagaban. Hasta el viernes, con el mecanismo de 4 pesos por dólar, se pagaban a razón de 6,5% para todos los granos y ese porcentaje más un 18% fijo para la soja, lo que llevaba el valor a 24,5% para la oleaginosa.

El incremento está en los niveles esperados por todos los actores de la agroindustria desde que el nuevo Gobierno fue anticipando lo que hoy finalmente se dispuso. Pero desde la dirigencia rural ya se han levantado voces de queja, particularmente porque no se estableció una comunicación o consenso sobre la medida.

Los 4 pesos por dólar "originales" implicaban un 12% cuando se estipularon en septiembre de 2018. Luego se fue diluyendo ese porcentaje por la devaluación del peso y ahora vuelven a ese nivel, pero se especula que podría no ser el porcentaje definitivo.

A través de la Resolución 196/2019, firmada sólo por Basterra, también se cerraron los registros para declarar ventas al exterior de granos el próximo lunes 16. Si bien eso se hace cuando se está preparando una medida, no cuando ya se tomó, porque el sentido del cierre es impedir registros con el marco normativo que se está dejando sin efecto, en este caso se cree que podría tener que ver con otras medidas económicas que se tomarían en las próximas horas. Con todo, para algunos productos como las carnes y los lácteos, que estaban gravados con 3 pesos por dólar, seguirían en el mismo esquema, que hoy representa aproximadamente un 5% de derechos de exportación. El diferencial entre los 3 y los 4 pesos se había establecido en el gobierno de Macri como una bonificación para los productos más elaborados, como incentivo al agregado de valor que también se invoca en este decreto.

Entre los considerandos del decreto 37/2019, se destaca que "desde la fecha de publicación del Decreto N° 793 del 3 de setiembre de 2018 se produjo un deterioro del valor del peso con respecto al dólar estadounidense, lo que ha representado, al 10 de diciembre de 2019, una devaluación mayor al 60%".

Respecto de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo se argumenta que "podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; y e) atender las necesidades de las finanzas públicas".En el decreto se considera luego que "es clara la intención del Congreso de dotar al Poder Ejecutivo Nacional de herramientas que le permitan adoptar, en forma ágil, medidas de política económica para ejecutar, entre otros objetivos, la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, estabilizar los precios internos y atender las necesidades de las finanzas públicas". Y que "la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional".

Además, teniendo en cuenta "la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas", se afirma que "resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos".

"Dólar turista": instrumentarán un impuesto del 20% a los consumos en dólares

El proyecto llamado de "solidaridad y reactivación productiva" en el que trabaja el gobierno de Alberto Fernández incluirá la instauración de un impuesto de "alrededor del 20%" a los consumos en dólares, según confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a LA NACION. En una entrevista con este medio, Cafiero anticipó detalles de la medida. "Va a ser parte de la ley de solidaridad y reactivación económica que mandaremos el lunes al Congreso. Con esto buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. Los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo", dijo el jefe de Gabinete. El impuesto incluirá la compra de pasajes, si estos están en dólares, y también alcanzará a servicios como Netflix. "El tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera", dijo Cafiero, pero agregó: "Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados". Fuentes cercanas al Gobierno plantearon a LA NACION que la medida es "políticamente correcta", es decir, que será bien vista por el grueso del electorado de Alberto Fernández. El encargado de instrumentar la herramienta es Raúl Rigo, secretario de Hacienda, con amplia experiencia y con posibilidad de resolverlo "en horas". Colaborará la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.Con un sobrecosto del 20% sobre el valor del dólar oficial, hoy en $63, la divisa turista quedaría por encima de los $75. La divisa a $63 es "buena para arrancar", coinciden los economistas, pero advierten que si sigue en ese valor y no acompaña a la inflación, en unos meses quedará atrasada. Es sobre esa hipótesis que el Gobierno trabajó en la recarga a las compras en el exterior.El lunes próximo, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se reunirá con las autoridades de la Cámara Argentina de Turismo, quienes -según confiaron a este diario- entienden que la medida está "en consonancia" con los anuncios realizados entre anoche y hoy, como la doble indemnización y la suba de retenciones.

El decreto de Alberto Fernández: el origen de la doble indemnización y qué impacto puede tener

No estaba previsto, pero salió provocando un efecto sorpresa, sobre todo entre quienes están más complicados en la escena laboral: las pymes. "Se trata de un DNU que sacaron entre gallos y medianoche", dice el abogado laboralista Julián de Diego. "Quien cierra la puerta de salida, cierra la puerta de entrada", comenta, crítico. El decreto 34/2019 habla de convocar una mesa de trabajo integrada por trabajadores, el sector empresario y el gobierno, pero mientras tanto, establece que los despidos sin causa (la mayoría ya que los que son con causa son muy difíciles de probar) estarán sujetos a la doble indemnización por 180 días. Cuando se reveló que el desempleo había subido a los dos dígitos (10,1% en el primer trimestre de este año), desde los sindicatos comenzaron los reclamos para proteger al empleo, aunque sin resultados. El gobierno del expresidente Maurici Macri estaba convencido de que era una política antiempleo. Hasta la misma Cristina Kirchner se opuso a una ley antidespidos y a la vuelta de la doble indemnización en 2009, que había sido pedida por la CGT porque "iba a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos... el camino al infierno esta plagado de buenas intenciones". Dijo además, en ese entonces, que "no hay que asustar al capital". Con un desempleo que llegó a 10,6% en el segundo trimestre de esta año, seguían las señales de que la "doble" era posible, o que a través de las centrales obreras se iba a intentar impulsarla. El cambio de gobierno lo hizo posible, aunque no estaba en los planes en un primer momento. La "doble" se había implementado después de la crisis de 2001-2002, cuando a través de la ley 25.561, de "Emergencia pública y reforma del régimen cambiario" se declaraba, en el artículo 16, la suspensión de los despidos por 180 días, al igual que el decreto de ayer de Alberto Fernández. En ese momento, al inicio del milenio, la tasa de desempleo superaba el 21%, el doble de la actual, del 10,6% y el producto bruto caía al 11%, mientras que este año cayó el 2,5% según el economista de FIEL, José Luis Bour. Sin embargo, 17 años después, las líneas que establecen la doble indemnización son muy parecidas. El artículo 16, en 2002 decía que, por el plazo de ciento ochenta días "quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente". El decreto que se publicó en el Boletín Oficial ayer establece que "en caso de producirse despidos sin causa justa durante el término que dure la emergencia (aún no votada en el Congreso), los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente...". La doble indemnización duró mucho mas que 180 días, hasta el 2007, con varios meses de desempleo de un dígito. Ya en 2005 el monto había bajado a un plus del 50% adicional a la indemnización. "Estas cosas se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan", dice Juan Luis Bour. "Se parece al impuesto a las ganancias de 1935". 

¿Es conveniente para el empleo?

Según datos oficiales, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 hubo 94.897 trabajadores registrados menos. "Hay un error conceptual", continúa Bour. Coincide con otros expertos en que el aumento del desempleo se da porque hay más gente que se vuelca al mercado laboral, pero que no consigue trabajo. En parte ese aumento se da por los jóvenes que ingresan a la Población Económicamente Activa (PEA) todos los años y que son más que los que se jubilan o los que salen de la PEA. Para contenerlos, hay que crear entre 200.000 y 300.000 empleos por año. "Esta ley se refiere a los trabajadores registrados privados formales. En recesiones la tasa de entrada de nuevos empleados formales cae. La tasa de salida se mantiene constante y eventualmente sube un poco. El aumento del desempleo se explica por la tasa de entrada, por lo que hay que evitar poner en marcha políticas que la frenen aún más. Cuando se prohiben los despidos se desincentiva a que las empresas contraten gente de manera formal", señala Bour. 

Conflictos, judicialización y ausencia de indemnización

"El DNU es una una fuente de conflicto que no sirve para nada. Las pymes, que proporcionan la mayoría del empleo en a Argentina, no pueden pagar la indemnización simple... no van a pagar la doble", dice De Diego. Con tribunales laborales colapsados, "los juicios en primera instancia duran 4 años, con un interés del 85% anual. Si una demanda milagrosamente dura un año, incluyendo intereses y honorarios el monto de la indemnización se duplica", dice el laboralista. Con la "doble", esto es aún peor. Por otro lado, la judicialización ya es alta ya que las modificaciones que quiso hacer el gobierno anterior para establecer la base de cálculo para una indemnización, más claras, con menos zonas grises, nunca salieron de las comisiones parlamentarias. También hay que tener en cuenta, según De Diego, que el Poder Ejecutivo "no tiene atribuciones para fijar la doble. Tiene que darse en el marco de una ley de emergencia fijada en el Congreso. Ya se envió al Parlamento y seguramente se vote a libro cerrado el miércoles". Agrega que si la actividad económica no mejora, siempre habrá despidos. "La empresas grandes ya hicieron los ajustes antes de que asuma el nuevo gobierno, y las pymes no tienen la capacidad de indemnizar. Es difícil que esto vaya a tener un buen efecto. Es negativo para todos", cierra.

Julio De Vido y Roberto Baratta dejaron la cárcel y ya están en sus respectivos hogares

El ex ministro cumple prisión domiciliaria por la causa Río Turbio, mientras que el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación Federal está excarcelado con tobilleraLa libertad de ambos funcionarios en el marco de la causa de los Cuadernos fue ordenada el viernes 13 por la noche por el Tribunal Oral Federal (TOF 7) y se hizo efectiva en horas de la madrugada de este sábado cuando tanto Julio De Vido como Roberto Baratta dejaron el penal de Ezeiza rumbo a sus respectivos hogares.

Persiste de todos modos una diferencia en la situación procesal de cada uno, porque el ex Ministro de Planificación de la era K seguirá con detención domiciliaria por la causa Río Turbio (administración fraudulenta en el manejo de los fondos destinados a la remodelación de la mina de carbón), mientras que Baratta portará tobillera, deberá presentarse todos los meses ante el tribunal y no podrá dejar el país. El propio De Vido, al enterarse de Casación había ordenado su inmediata libertad en la causa de los Cuadernos, explicó: "El TOF 7 ordenó mi liberación, pero el TOF 1 había dejado firme una domiciliaria que seguramente en la semana mis abogados buscarán la forma de remover para darle valor a la decisión de Casación” La decisión de excarcelar a De Vido y Baratta fue tomada por la Sala I de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Por mayoría, Barroetaveña y Petrone resolvieron aceptar el recurso de las defensas de los ex funcionarios de Planificación y ordenar que el TOF 7 revise su decisión de no morigerar la situación de los detenidos, a la luz de las nuevas normas del Código Procesal Penal que puso en vigencia la Comisión Bicameral, en los últimos días del Gobierno de Mauricio Macri. 

Los magistrados de Casación coincidieron en que el TOF no analizó debidamente las distintas pautas alternativas al encarcelamiento. Ejemplo de estas morigeraciones del encierro son la prisión domiciliaria o la excarcelación con tobillera para revenir riesgos de fuga.Antes de enterarse de que su prisión domiciliaria se concretaría finalmente, Julio De Vido había anunciado que iniciaría una huelga de hambre en Ezeiza, en protesta por la “despiadada persecución” por parte de “los tres poderes del Estado". El ex funcionario se encuentra detenido desde octubre de 2017, por un pedido del fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa Río Turbio y en virtud de una interpretación del uso de la prisión preventiva que fue bautizada como “doctrina Irurzun”, por el magistrado que la formuló por primera vez. Tras el pedido de prisión de Stornelli contra De Vido, el Congreso le quitó los fueros al ex ministro. En abril de 2018, se inició la llamada causa de los Cuadernos, cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, se presentó ante el fiscal Stornelli para aportarle fotocopias de cuadernos que contenían las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, con el registro de los viajes que hacían recaudando dinero entre empresarios. En el marco de esa causa, se ordenaron detenciones que incluían a la ex presidenta (con fueros como senadora), a De Vido, Baratta, ex funcionarios y empresarios. Tras las declaraciones de los arrepentidos y las revisiones de la Cámara Federal, actualmente los únicos detenidos por cuadernos eran De Vido, Baratta y el ex director de Yaciretá, Oscar Thomas, con prisión domiciliaria. La excarcelación de De Vido y Baratta tiene un alto impacto político, en particular en momentos en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó el abuso de las prisiones preventivas, tanto en campaña como en su discurso de asunción en el Congreso, y después de que la vicepresidente Cristina Kirchner hablara del lawfare de causas en su contra. En la noche del jueves, De Vido había anunciado que iniciaba una huelga de hambre en prisión: aseguró que no comería los alimentos entregados por el Servicio Penitenciario como protesta por la “despiadada persecución” de que se considera víctima por parte de “los tres poderes del Estado".

El gobierno derogará el decreto que prohíbe en nepotismo estatal

Alberto Fernández eliminará un decreto del ex presidente Mauricio Macri que impide nombrar familiares en la administración pública.

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La prohibición se implementó en 2018, luego de  que se hiciera público que el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, había nombrado en la planta estatal a su mujer y dos hermanas. Luego comenzaron a surgir a la luz otros familiares directos de ministros y funcionarios nombrados en la planta permanente del Estado.

Ahora, se filtró que el gobierno de Alberto Fernández dejará sin efecto el decreto porque ya hay varios funcionarios con parientes en el estado, como Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos) y Francisco "Pancho" Meritello (secretario de Medios) que son cuñados.

Otro caso es el de Felipe Solá y su cuñado Guillermo Justo Chávez (quien recibió a Evo Morales en su llegada a la Argentina) y también Francisco Cafiero, primo de Santiago, que asumió este viernes en el Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi.

"No podrán efectuarse designaciones de personas en todo el Sector Público Nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro", establece el decreto.